Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de genocidio así como en general, las violaciones graves a la Constitución y los Derechos Humanos, son atrocidades que atentan no solo contra sus víctimas directas sino contra toda la Humanidad. Suelen ser actos de extrema y sistemática violencia contra las personas que no admiten justificación, razón por la cual desde su regulación en el Derecho Internacional, nadie puede negar que se trata de crímenes imprescriptibles que SIEMPRE deben ser juzgados, sea por la Justicia local o por la internacional.

El “Aparato Organizado de Poder” (el concepto es del jurista alemán Claus Roxin) suele ser autor de estos crímenes y por obvias razones tiene particular efectividad, al punto que puede procurarse la impunidad: es el crimen perfecto.

En nuestro país la dictadura cívico-militar cometió algunos de esos crímenes operando como AOP, principalmente mediante la tortura y la desaparición forzada de personas. Hacia el final de ese período el mando negoció con otros actores políticos y se produjo el Pacto del Club Naval, en el cual se acordó la salida democrática. Dicho pacto ha sido sembrado de dudas respecto a negociaciones secretas entre el Dr. Julio María Sanguinetti (que sería electo presidente en los comicios siguientes, celebrados con líderes como Jorge Batlle, Wilson Ferreira Aldunate y el Gral. Líber Seregni aún proscriptos) y el Gral. Hugo Medina, que sería el principal mando militar que una vez en democracia se opondría a la actuación de la Justicia respecto a los crímenes de la dictadura, según dicen, presionando a Sanguinetti para aprobar la “Ley de Caducidad” y para intimidar a los Magistrados.

Desde su aprobación (que refiere al Pacto como “los acuerdos de 1984”), sobrevinieron entre otras cosas, una condena de la Corte Interamericana, una nueva “ley interpretativa” y varios cambios de opinión de parte de la SCJ, pero se ha mantenido constante una polémica, en la que algunos argumentos en su defensa -en defensa de la impunidad- son ya clásicos, y serán contestados.

“LA CRONOLOGÍA DEL TERROR”

Sin títuloNótese que el referéndum fallido en el ’89 genera un impasse hasta la declaración de inconstitucionalidad del 2009, veinte años después el tema vuelve a estar en agenda. Ahora podemos ir a los argumentos clásicos a favor de la impunidad.

  • “UN PACTO PARA VIVIR”

“Se pactó la paz, lo que pasó en la guerra se queda en la guerra, dejar el pasado atrás.”

El argumento del combatiente es propio de la ideología del combatiente, no de la filosofía de un Estado de Derecho.

Esta postura viene de la falsa creencia de que la dictadura apareció para hacer frente a un estado de guerra y desarticular la subversión. Si bien ese es el discurso que sostienen los militaristas, lo cierto es que toda la cúpula del MLN-T estaba recluida o exiliada, por lo cual no era en absoluto necesario implantar un gobierno militar para cumplir esa misión, menos aún cuando el poder político democráticamente electo ya había demostrado un autoritarismo marcial (tan marcial que entregó el poder a las FFAA). La “guerra” había terminado antes de que ocurrieran muchos de los crímenes impunes que supuestamente se cometieron en la lucha contra “el enemigo”.

Más aún, en la “guerra” murieron inocentes (civiles, no combatientes) que merecen justicia. El Estado, la justicia estatal, no puede compensar culpas entre autores de hechos que ni siquiera fueron concurrentes. Y de hecho no se hizo así; los delitos cometidos por el MLN-T y otras organizaciones similares (delitos comunes con móviles políticos) fueron juzgados y los responsables fueron encarcelados (luego, en democracia, se aprobaría una ley de amnistía, en el marco de las competencias que constitucionalmente tiene el Parlamento).

Además, si se quiere plantear la cuestión en términos bélicos, la guerra termina cuando hay un vencedor, sino solo hay una tregua. Y acá la guerra no terminó. La guerra se volvió (¿nuevamente?) política al bajar las armas. Ahora subsisten dos bandos; la democracia y la tiranía, ya no el Estado contra la subversión, y la democracia seguirá dando pelea mientras haya impunidad. Pregúntenles a los que marchan en silencio si sienten que la cuestión está saldada, o a los que dieron y ejecutaron órdenes de espionaje contra políticos y organizaciones civiles en democracia, y se empeñan en justificar la tortura.

La “guerra” terminará cuando de una vez y para siempre cuando triunfe la democracia y el Estado de Derecho sobre el despotismo.

  • EL MOMENTO HISTÓRICO REQUERÍA LA LEY DE CADUCIDAD

“La ley de caducidad era necesaria para pacificar la situación y consolidar la democracia.”

Tal vez si, tal vez no. Es discutible hasta qué punto habría llegado el Ejército de no haber sido aprobada, es discutible qué postura habrían adoptado la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, y es discutible cuánto habría durado el posible desacato sin el apoyo extranjero, y tal vez incluso con la oposición activa de la comunidad internacional. En cualquier caso, sin duda hoy el momento histórico es otro y dicha ley es una mancha negra de sangre vieja y seca en la historia y en nuestra memoria. Insisto, es la tiranía imponiéndose sobre el Estado de Derecho.

Un Estado serio no puede negociar la justicia ni conceder impunidad a los delitos de más alta gravedad y menos aún cometidos por él mismo. Debe, como Estado, reparar a las víctimas y responsabilizar a las personas físicas que se valieron de su cargo para abusar del poder, cometer los delitos más atroces y procurarse la impunidad. Menos aún puede perdonar por vía legal lo que está prohibido por la Constitución, lo cual jurídicamente es aberrante. Y si aun así lo hiciera, seguirá siendo responsable por el daño que causa al negarse a hacer justicia.

  • UNA MANO LAVA A LA OTRA/ EL MAL NECESARIO

“Se perdonaron los delitos políticos cometidos por civiles, es justo que se perdonen los delitos cometidos por los militares.”/”Se cometieron hechos que no deberían juzgarse como delitos ya que en el contexto eran necesarios.”

Me parece muy discutible equiparar el accionar de delincuentes particulares (ciudadanos, gobernados, gente de a pie que atenta contra la ley y el orden establecido con fines políticos) con el accionar del Estado (Aparato Organizado de Poder, gobernantes, responsables de garantizar y preservar los derechos de toda la población). No es admisible que el Estado “de Derecho” incumpla sus deberes y exceda sus límites para proteger al Estado de Derecho porque en el acto, dejaría de ser tal, es decir: si el Estado incumple con los límites constitucionales y legales para su accionar a los efectos de proteger la Constitución y las Leyes, claramente está actuando contrario a Derecho, está incurriendo en una conducta ilícita y no está protegiendo nada. Todo lo contrario.

Pero el perdón legal además no tiene correlato en la realidad: ambas partes se echan en cara sus muertos y se miran con recelo constantemente. Y aunque supongamos que las atrocidades cometidas sistemáticamente por agentes del Estado son equiparables a unos cuantos delitos comunes cometidos con fines políticos por civiles, ignoramos que al zanjar la cuestión perdonando a ambos estamos dándole la espalda a las víctimas, que son las únicas que están legitimadas para perdonar, y que muchas veces nada tuvieron que ver con el conflicto armado: estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o  simplemente tenían amigos o familiares en tal situación, o incluso sufrieron toda clase de vejaciones por adherir a determinadas ideas políticas sin haber dañado jamás a nadie y por supuesto sin que ello fuera ilícito.

Un Estado de Derecho se somete al Derecho que crea. No puede manipularlo a gusto autoritariamente fuera de los marcos jurídicos preestablecidos ni esquivarlo. El Estado no puede permitirse violar la ley ni delinquir en función de ningún motivo. Y menos aún autoperdonarse por ley, lo cual tanto jurídica como éticamente es repugnante en virtud de que “nadie puede beneficiarse de su propio dolo”.

La responsabilidad del Estado por sus actos es total e irrenunciable: si se apartó de las reglas por más loables que sean los motivos para hacerlo debe responder por sus actos. Por otra parte, la responsabilidad por los actos cometidos por particulares podría tener otro régimen; todo habitante está obligado a acatar la ley, pero el Estado puede permitirse cierta indulgencia respecto a sus gobernados (según la Constitución, y nunca respecto a sí mismo) a través de indultos o amnistías otorgadas por el Parlamento en casos concretos y una vez que haya condena, es decir, nunca evitando el enjuiciamiento. Así, con los delitos políticos cometidos por la subversión se siguió el procedimiento correspondiente para su excarcelación.

La “Ley de Caducidad” fue simplemente el producto de un poder político que aún era permeable a un poder militar que sabía que había hecho las cosas mal y que pretendía tener una solución análoga a la del “enemigo”, pero claro, a ellos no se les podía aplicar el tratamiento correspondiente a los particulares, no era procedente perdonar sus crímenes. Y no puede entenderse la “Ley de Caducidad” como una ley de amnistía o indulto porque no cumplió con el trámite Parlamentario para ser tal, que requiere mayorías especiales, y ni siquiera ostenta el título de ley de amnistía.

  • EL PUEBLO HABLÓ. DOS VECES.

“Se votó dos veces la anulación y no se obtuvo, que se respeten los plebiscitos.”

En realidad se votó un referéndum (anulación de la ley) y un plebiscito (reforma constitucional, que anularía parte de la ley).

En cualquier caso, admitir que por voto popular se pueden legitimar violaciones a los Derechos Humanos es un camino inequívoco para llegar a un estado fallido y dista muy poco del fascismo. En un auténtico Estado de Derecho la mayoría no puede estar por encima de los derechos de las personas, ni siquiera por encima de los derechos de las minorías. Sólo la Constitución y la Ley pueden limitar derechos y en función del “interés general” (que no debe confundirse con el interés de la mayoría; no es lo que a ésta conviene, sino lo que conviene a TODAS las personas que habitan en el país, aun cuando implique un perjuicio para algunas; p. ej., una expropiación).

No hay voluntad popular por encima del sagrado de los Derechos Humanos, porque sin éstos para resguardarla, ¿qué valor puede tener aquella?

Además y fundamentalmente, una consulta popular que no logra anular la ley, de ninguna manera le da una validez superior. Es decir, que haya habido uno, dos, o diez referéndums (para anular la ley) o plebiscitos (para reformar la Constitución) sin éxito, no significa que la norma en cuestión sea inmodificable.

HACIA EL FIN DE LA IMPUNIDAD: LA PROPUESTA DE HELIOS SARTHOU

Quiero referir a una propuesta realizada por el Dr. Helios Sarthou hace ya unos cuántos años con la cual concuerdo: la aprobación de una ley que lisa y llanamente declare inexistente y sin ningún valor la ley 15.848 (y hoy por hoy también la 18.831 en consecuencia, que debió tener un texto así de claro, con una sólida argumentación en la exposición de motivos o mejor aun directamente en el articulado que no diera margen de error en su interpretación). El proyecto puede consultarse en internet, por lo que solo voy compartir dos aspectos básicos con los que coincido ampliamente: primero, esta solución es constitucional en virtud del art. 85 de la Carta, está dentro de las facultades del Parlamento el dictado de leyes que protejan los derechos de las personas y no hay limitación en ese sentido, es decir, nada le impide anular una ley aprobada por él mismo si así protege derechos que fueron vulnerados. Y segundo, no es una solución nueva: ocurrió con la Ley 15.738 que anuló algunos actos dictados por los órganos que en su momento ejercieron el Poder Legislativo durante la dictadura cívico-militar y convalidó algunos otros. Otro ejemplo es el art. 52 de la Ley de Relaciones de Consumo 17.250 (defensa al consumidor, hablando claro).

Respecto a la prescripción y el principio de legalidad, debe tenerse en cuenta que si hablamos de crímenes de lesa humanidad (y no todos los comprendidos en la “Ley de Caducidad” lo son) se trata de crímenes imprescriptibles, y que para quién tenga dudas, la imprescriptibilidad y tipificación de tales crímenes tiene asiento en nuestro Derecho desde mucho antes de la dictadura cívico-militar, en virtud de los Principios de Nuremberg recogidos por Resolución N° 177 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 1947, lo cual positiviza una norma de jus cogens, de la costumbre internacional, para la protección de los Derechos Humanos. Aún antes: nuestro país como “país beligerante” (Uruguay se posicionó a favor de los aliados hacia el final de la Segunda Guerra Mundial) adhirió y reconoció la competencia del Tribunal de Nuremberg así como los crímenes (entre ellos, lesa humanidad) que comprende el Estatuto de Londres, tal como lo señaló el Dr. Pérez Manrique en su discordia respecto a la sentencia del 22 de febrero de 2013 de la SCJ en el expediente IUE 2-109971/2011 (disponible en internet, junto a discordias similares del Dr. Hounie y la Dra. Minvielle en  IUE: 395-141/2012 o la sentencia que desestimó el pedido de inconstitucionalidad en IUE: 87-130/2012 con aporte del Dr. Cardinal). La Justicia nacional de nuestro país es competente ya que la Constitución le da la potestad de juzgar los delitos contra el Derecho de Gentes (el Derecho Internacional).

Traducido esto a un lenguaje más sencillo: la “Ley de Caducidad” dice que no pueden juzgarse los delitos cometidos por militares o policías durante la dictadura. Esto abarca los delitos comunes (prescriptibles), no así los crímenes (imprescriptibles). No puede decirse que los crímenes de lesa humanidad fueran ajenos al Derecho uruguayo al momento de la dictadura, porque estos estaban previstos en el Derecho Internacional desde mucho antes y nuestro país, como parte de la comunidad internacional que es, los había reconocido. No puede decirse tampoco que el delito existía pero no había ley que dictaminara cuál sería la pena, porque se trata de delitos conformados por conductas expresamente previstas (secuestro, violación, homicidio, etc.). Y por último, no puede decirse que los jueces nacionales no tuvieran poder para juzgar tales delitos, ya que la Constitución les asigna ese poder-deber (art. 239 de la Constitución).

Las defensas de los imputados en las causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad suelen sostener que las conductas de las cuales se los acusa (“plantón”, “submarino”, privación de libertad, violación, lesiones, tortura y hasta homicidio, etc.) eran en todo caso delitos comunes (prescriptibles, no delitos de lesa humanidad), y en caso de ser delitos de lesa humanidad hoy, no lo eran al momento en que se supone fueron cometidas, o mejor dicho, no existía una ley que dijera que esas conductas por ser cometidas sistemáticamente por agentes del Estado en aplicación de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” eran delitos imprescriptibles: ellos no podían saber que lo que estaban haciendo era suficientemente atroz como para ser juzgados décadas después. Ustedes me dirán qué sentido tiene hablar de seguridad jurídica en tal caso: las víctimas padecieron las peores atrocidades cometidas con el apoyo o la tolerancia del Estado, pero, una ley posterior que reafirma lo ya sabido, esto es, que tal cosa ha sido desde siempre intolerable, debe ser inconstitucional porque atenta contra las garantías y ataca la seguridad jurídica. No parece lógico, ni ético, ni justo, ni jurídicamente acertado que en última instancia es lo único que importa. La Constitución de un Estado bien interpretada de ninguna manera ampara a criminales de lesa humanidad y agentes del terrorismo de Estado, porque si lo hiciera no tiene sentido que exista y todo el Estado de Derecho sería una farsa.

Por último, señalar que no debe olvidarse que a los jueces compete la solución de los problemas jurídicos, no así la de los problemas políticos, que deben resolverse en otros ámbitos. La legislación errática (en esta como en tantas otras materias) es siempre fruto de un problema político no resuelto (o mal resuelto) que obliga al juez a trabajar con materiales defectuosos y adoptar resoluciones injustas estrictamente apegadas a los textos, o, a generar esfuerzos argumentativos que rellenen los huecos para lograr interpretaciones coherentes con la Constitución cuando la ley es mala y en apariencia la contradice. Hasta ahora el mensaje del Estado ha sido claro: sí a la impunidad. Así lo ha dicho el Poder Legislativo con las leyes que aprobó, el Judicial con las sentencias dictadas y el Ejecutivo con su (in)accionar.

Pero el Estado no es solo sus tres poderes, sino “la asociación política de todos sus habitantes” (Artículo 1 de la Constitución). ¿Estamos realmente dispuestos a poner punto final a la impunidad,  la tiranía, el despotismo y el autoritarismo para que nunca más hagan ley de su capricho corrompiendo las Instituciones?

Fuentes: bjn.poderjudicial.gub.uy

parlamento.gub.uy

http://www.elobservador.com.uy

http://www.elpais.com.uy

http://www.impo.com.uy

http://www.ladiaria.com.uy

http://www.lista6009.org.uy

http://www.lr21.com.uy

http://www.wikipedia.com