(La imagen es de: http://www.gamba.cl/2018/04/la-delincuencia-es-culpa-de-la-desigualdad1/)

¿Somos libres e iguales ante la ley? ¿Los delincuentes tienen más derechos que la gente de bien? ¿Nosotros vivimos enrejados en nuestras casas y ellos hacen de las suyas? ¿Es que ya no hay Ley ni Justicia?

A veces parece que no se cumple aquel Principio de Igualdad que data del primer Liberalismo y la Ilustración, consagrado en todas las constituciones políticas de los modernos Estados de Derecho. En efecto, el Estado trata de manera desigual a algunos ciudadanos exigiéndoles más y haciéndolos sentir desprotegidos, mientras otros parecen incluso gozar de su complicidad. Esto debería interpelarnos…

¿Igualdad?

Es sabido que América Latina es la región más desigual del mundo. Más desigual que África incluso, que es la región más pobre. Es que desigualdad y pobreza son cosas distintas; en África la pobreza es grande, pero está bastante repartida. En América Latina la riqueza es grande, pero está en manos de unos pocos. Como también es sabido, el 1% más rico de la población mundial acumula más riqueza que el restante 99% (1). Así de pornográficamente desparejo es el reparto de la torta.

Además, la desigualdad no pasa únicamente por la plata. No solo se trata de ingresos ni de poder adquisitivo, sino de otros capitales además del económico, según Bourdieu (2), por ejemplo. Para vivir esa vida feliz que muestran las publicidades no solo es necesario tener dinero, sino tener también relaciones con gente que está en ese nivel, y consumir bienes culturales propios de ese estilo de vida. Le pasó a Pablo Escobar: tenía toda la guita de Colombia y el mundo, pero para la gente de las élites seguía siendo un tipo de barrio actuando como un nuevo rico, con una fortuna obtenida de formas poco elegantes (que no inmorales, porque vaya uno a saber cómo hizo fortuna la élite; acaso fabricando armas, pagando sobornos o destruyendo recursos naturales y contaminando el ambiente).

La desigualdad económica sigue ocupando un lugar central, porque aún es grande, y porque es la más conocida. Las otras desigualdades, muy diversas por cierto, suelen no ser nombradas (aunque hay excepciones, como género, raza o edad por ejemplo), y ello en parte se debe a que son difíciles de medir y por tanto su importancia, si bien es conocida, no siempre puede cuantificarse con precisión.

En 2013 Uruguay fue el país menos desigual de América Latina según la CEPAL (3). Según el Instituto Nacional de Estadística, el índice de Gini (que mide la desigualdad económica con valores entre 0 y 1, y que no está exento de críticas) en 2017 se ubicó en 0,38 (4), valor que se ha mantenido estable y que en relación a períodos anteriores supone un fuerte descenso de la desigualdad. Según Naciones Unidas, un índice superior a 0,4 es alarmante (5), en tanto genera una fractura social de la que pueden surgir múltiples conflictos. La desigualdad además, impide el desarrollo de los países y se reproduce en un círculo vicioso.

Los países menos desiguales  del mundo tienen índices que rondan el 0,2 (como Noruega o Finlandia) (6), mientras los más desiguales de América andan por el 0,5 (como Honduras o Brasil) (7).

Pero hay un dato conocido hace tiempo que deberíamos tener mucho más presente: la relación entre criminalidad y desigualdad (8). Los países menos desiguales tienen las cifras delictivas más bajas, mientras los países más desiguales son los que tienen tasas de criminalidad más alta. La relación entre desigualdad y delito es más cercana que entre pobreza y delito, lo cual ha sido advertido hace tiempo y tiende a comprobarse cada vez. Instituciones tan zurdófilas como el Banco Mundial dicen que con menos desigualdad hay menos delito (9). Pero cuidado. No hay que olvidar que la económica no es la única desigualdad. Esto puede explicar por qué en algunos lugares ha ocurrido un aumento del delito aun cuando la desigualdad económica se ha reducido: otras desigualdades subsisten.

Sin embargo, países que disputan los primeros lugares en las tasas de homicidios más altas, son también los que disputan esos puestos en el ranking de desigualdad en el continente: otra vez Honduras y Brasil (cuya criminalidad violenta no para de crecer a la vez que se insiste en fracasadas políticas de represión y militarización) (10). A nivel mundial, los países menos desiguales tienen tasas de homicidios que figuran entre las más bajas: por ejemplo Finlandia y Noruega (11).

Con todo, no hay que olvidar que es un error explicar la criminalidad únicamente en base a la desigualdad así como hacerlo únicamente en base a cualquier otra cosa. Si bien a todas luces juega un papel importante, el delito es un fenómeno complejo, multicausal, y hay que desconfiar de toda explicación simplista que se agote en un par de factores, así como de todas las soluciones propuestas que sean igual de miopes.

¿Libertad?

El poder punitivo (léase el castigo, la coacción, la violencia ejercida por el Estado) también afecta de manera desigual a diferentes poblaciones. Es que la cuerda se corta siempre por el lado más débil. Nuestras leyes penales vigentes, como se repite una y otra vez, son más severas con delitos contra la propiedad como una rapiña que con delitos contra la vida, como el homicidio (12), pero además también es particularmente severa la responsabilidad penal en los delitos de estupefacientes, siempre que la sustancia en cuestión sea pasta base de cocaína (13), que es la droga que los marginados le venden a otros más marginados. Leyes recientes han instalado un régimen aún más represivo, impidiendo libertades anticipadas en ciertos casos y exigiendo la prisión preventiva en otros (14). Pero, nuestras leyes penales son bastante permisivas (en relación) en materia de delitos económicos, delitos tributarios, delitos informáticos y en general con todos los delitos de cuello blanco: en muchas de estas áreas reina el silencio de la ley penal, y en las que no, las penas son relativamente blandas. ¡Hace apenas cuatro años se legisló penalmente sobre el tráfico de armas!

Entonces, es fácil observar que nuestro sistema penal está ensañado en perseguir cierto tipo de criminalidad y castigarla con rigor: el hurto, la rapiña y el narcomenudeo principalmente. Ello se observa en el presupuesto que se destina a cámaras y patrullaje, en las leyes que se aprueban y en la población que abunda en las cárceles: varones jóvenes pobres de barrios marginados. Como ha dicho algún autor, el sistema penal funciona como una “red paradójica” que deja pasar lo más grande y atrapa lo más chico: captura a la pequeña banda del barrio, que tiene una decena de integrantes y regentea una boca de droga, pero se le escapan los importadores que abastecen esa y muchas bocas más; captura a los ladrones de autos, pero no a quienes dirigen las redes que comercializan esos autos en el exterior; mientras se destinan recursos a la vigilancia mediante circuitos cerrados de televisión nadie vigila los circuitos de la trata de personas; de vez en cuando incauta una o dos armas de guerra en un allanamiento, pero nunca desmantela la organización que pone esas armas en la calle, indudablemente con la anuencia de funcionarios públicos de aquí y de allá (civiles, militares y policiales, de nuestro país y de los vecinos).

Todo esto hace perceptible un sesgo de clase en la represión que atraviesa a todo el sistema, desde la legislación hasta las dependencias policiales: se castigan más cuantitativa y cualitativamente los delitos que cometen las “clases peligrosas”, los excluidos, mientras se toleran los delitos que cometen quienes están más arriba en la escala social. Vigilancia, control, represión y mano dura con los de abajo, pero tolerancia, desregulación y silencio cómplice con (y entre) los de arriba.

No se está insinuando aquí el cambio a un derecho penal de clase de signo contrario al vigente, sino apenas una estrategia más efectiva: destinar recursos en perseguir los delitos que están en el extremo débil de la cadena es un gasto sin retorno. Se los castiga y el extremo fuerte encuentra rápidamente cómo reponer los eslabones. En cambio, si se controla por ejemplo el lavado de activos, indirectamente se reprimen todas las actividades precedentes (narcotráfico, trata de personas, contrabando, tráfico de armas y un largo etcétera); no tiene sentido generar fondos ilícitos que luego no se podrán usar. Es una represión que no implica violencia ni tiroteos. Se pueden generar recursos a través de confiscaciones millonarias que se reinvertirían en la sociedad. (Pero claro,  todo esto requiere cooperación internacional, y de Estados muy poderosos que también se llevan su tajada de la economía informal).

Ahora, ¿cómo es posible que tras décadas y décadas de estudios y desarrollos científicos en la sociología, la criminología y el derecho penal aún se sostenga esta situación de desigualdades y persecuciones ineficaces contra los mismos de siempre?

¿Ante la Ley?

El sistema punitivo y el control social son mucho más amplios que el sistema jurídico-penal, que es solo una parte, aunque nada desdeñable en tanto tiene la llave del ejercicio de la violencia por parte del Estado contra las personas. Al margen del rol que se le puede atribuir al Derecho como herramienta de dominación creada por y para las clases dominantes, para sostener su dominio, existen otros dispositivos de control social. Dispositivos que también responden a los intereses de los de arriba y que tienen un rol clave en la decisión de qué y cómo se castiga.

Los medios masivos de comunicación (redes sociales incluidas) inciden en la opinión de la gente y así también en la agenda política. Ni la noticia ni ningún otro relato que se narre sobre la realidad es la realidad, sino una representación de la misma, generalmente apenas una muy limitada versión posible entre tantas otras. En el caso de los medios, la versión que más venda, la que tenga las imágenes más atractivas, la más dramática, y/o la que esté más en línea con la opinión de quienes deciden qué sale publicado.

Así los medios han tenido un papel importante en la representación que cada uno de nosotros se hace de ese otro que llamamos “delincuente”: si cerramos los ojos y pensamos en él, seguramente lo que vemos no es una mujer blanca con ropa elegante, sino el estereotipo televisado parecido al tumbero, al plancha, al marginal. No hay imágenes impactantes del lavado de activos, porque es una actividad de oficina. Difícilmente haya testimonios desgarradores del daño causado por la evasión fiscal aunque con esa plata que el Estado perdió por la viveza de alguno se podrían construir escuelas y hospitales, y curar quien sabe cuántos niños huérfanos enfermos de quién sabe qué mal atroz. Nada de eso conmueve, nada de eso parece un “peligro”, en suma, nada de eso vende.

El relato mediático además rara vez comienza en el principio, sino más bien cerca del final. Como dice Eduardo Morás en Los enemigos de la seguridad, el sentido de una historia depende del punto desde la cual comienza a ser contada. La noticia comienza cuando el tipo entra armado al local, reduce a los presentes y se lleva la recaudación, y termina cuando es atrapado y condenado a equis años de penitenciaría. Rara vez conocemos su trayectoria de vida (salvo que sea un legajo de antecedentes).

Pero todo esto, además, sin mencionar la incidencia que tienen los medios en la percepción de la inseguridad, lo cual explica el hecho constado por las encuestas de opinión, de que la gente considera que su ciudad o su país es inseguro, pero su barrio no lo es tanto (15): ¿realmente será insegura la ciudad si todos consideramos que nuestro barrio no lo es? Quizá lo que pasa es que vemos a través de los medios que todos los días ocurren delitos (y efectivamente ocurren muchos, no son inventados), pero rara vez constatamos que ocurren en nuestro entorno. Sin embargo, eso da miedo. Nunca nos pasó, o nos pasó unas pocas veces, pero tenemos la sensación de que en cualquier momento podemos ser víctimas y en cualquier lado: la mayoría de las veces lo que nos da más miedo es lo que vemos en la tele o las redes sociales (que a veces ni siquiera ocurre en nuestro país) y no lo que vivimos diariamente.

Luego, la opinión pública conmocionada por la opinión publicada, reacciona de la manera más visceral e intuitiva pidiendo mano dura contra eso que parece ser el “enemigo”, contra “ellos”, que amenazan nuestra seguridad. Siempre son “otros”; el delincuente, el violento siempre es otro, y nunca se asume la cuota de responsabilidad que nos cabe a todos. ¿Solo el otro es el violento cuando yo pido que lo encierren de por vida en el peor de los calabozos, o cuando celebro la muerte del otro a manos de la policía o aún a manos de otro otro en un “ajuste de cuentas” o en la cárcel?

Ese otro-enemigo construido por los medios apareció hace poco en televisión causando indignación mientras otros hechos pasaron sin pena ni gloria por la pantalla: la opinión publicada y luego la gente reaccionó contra los manifestantes que rompieron unos vidrios y pintaron unas paredes sin lastimar a nadie en la marcha contra el G-20 (esos 20 países que también son un reflejo de la desigual distribución de la riqueza entre las naciones) y que luego fueron sentenciados a cumplir tareas comunitarias, pero aparentemente causó menos conmoción la prisión domiciliaria otorgada justo antes de las fiestas tradicionales a un empresario y político involucrado en múltiples maniobras económicas ilícitas vinculadas al caso “Cambio Nelson”, o al militar retirado procesado por vandalizar una Placa de la Memoria.

Qué es más importante castigar no es una decisión que toma solo la ley (así en abstracto). La decisión política se ve presionada por las circunstancias urgentes y no admite la reflexión ni el debate racional basado en los conocimientos acumulados por las diferentes ramas del saber. Aun cuando muchos legisladores son abogados y conocen muy bien todas las disfunciones del sistema penal, la inutilidad de la cárcel para todos los fines que se le atribuyen (desde la rehabilitación del sujeto hasta el castigo ejemplar) y el fracaso de la “mano dura”, la presión que ejercen los medios (que no informan sobre estos asuntos tan conocidos por la academia) y la gente (que mal puede conocerlos) determina que se siga insistiendo en el endurecimiento de penas. Con  cada nuevo hecho que sacude a la opinión pública se aprueba una nueva ley en esa dirección. Algún día nos daremos cuenta de que no sirven para nada, que desde que se aprobó el Código Penal en 1934 se siguen subiendo las penas y cada vez tenemos más gente privada de libertad mientras los delitos se mantienen igual o aumentan.

Pero además tampoco es únicamente la ley la que administra el castigo: los operadores del sistema hacen lo suyo, tanto las instituciones como las personas.

Además de la privación de libertad que se cumple en los establecimientos penitenciarios (que es la pena principal) la sanción apareja una larga lista de privaciones: se priva al individuo del contacto con la familia, de la alimentación adecuada, del adecuado acceso a la salud, el trabajo y la educación, etc., y se lo expone a la violencia y hasta a enfermedades que casi no existen fuera de las cárceles,  pero todas estas privaciones y violencias no están previstas por la ley. Muchos van a salir de la cárcel y se van a encontrar con que perdieron lo poco que tenían afuera; la familia y la vivienda principalmente, aquella desintegrada y ésta usurpada o destruida.

Además, las reglas dentro de la cárcel, tampoco las pone la ley. Ni siquiera el reglamento de la prisión. Son los guardias cuando no los reclusos (o ambos en conjunto) de manera arbitraria quienes deciden cómo se hacen las cosas, agregando más castigo al castigo para los más vulnerables dentro de los vulnerados, exigiendo dinero u otros servicios para acceder a lo que el Estado debería garantizar, como la alimentación o la integridad física.

Particular es el caso de los adolescentes privados de libertad (16). Mientras la normativa habla de “medida socioeducativa de privación de libertad”, la cual según el discurso se cumple en “hogares”, la realidad es que los adolescentes son encerrados en celdas que nada tienen que envidiar a una cárcel. En algunos casos con 23 horas de encierro al día, como se ha sabido, conviviendo con ratas y funcionarios que ejercen tratos “crueles, inhumanos y degradantes” (en una palabra: tortura) absolutamente prohibidos pero igualmente ejercidos. ¿Cuántos adolescentes, casi niños, se han suicidado en dependencias del INISA en el último año? ¿No es el Estado el responsable de su cuidado mientras los tiene encerrados? ¿Así es como se supone que esos gurises se van a reinsertar en la sociedad?

Todas éstas arbitrariedades, toda esta violencia es ejercida por la sociedad toda contra esos “otros”, en la medida que nada hacemos por evitar y condenar esas situaciones. Como es esperable, todo este castigo no tiene otra consecuencia que la reproducción de la violencia y el odio: el que sobrevive, sale peor de lo que entró. El que sale, se encuentra con que afuera no hay lugar para él; no hay trabajo y a veces ni siquiera familia o vivienda, es decir, está aún más marginado y excluido que antes. ¿Y cuál es la respuesta que da el Estado? Fácil: castigar más severamente la reincidencia. Así, el individuo que transgredió las normas una vez es brutalmente castigado y expulsado de la sociedad aún más que antes. Y cuando es “devuelto” en las peores condiciones, luego de que el Estado incumpla sus obligaciones de reinsertarlo en la sociedad, o de por lo menos no mortificarlo, empujándolo a transgredir de nuevo, será castigado aún con más rigor. Es decir, el fracaso del Estado en el cumplimiento de su obligación de reinsertar al individuo, computa como un agravante en su contra.

Aún mucho antes de la sanción penal los excluidos sienten la violencia ejercida por quienes los marginan, es decir, por todos nosotros en mayor o menor medida: los medios que los etiquetan y los convierten en el enemigo, las propias instituciones que refuerzan la idea de que el peligro nace y crece en ciertos barrios, la mirada hostil del guardia de seguridad y del vecino, la incomprensión de las instituciones educativas. Hasta la indignación de operadores judiciales que no comprenden el lenguaje de los jóvenes, lo cual es necesario para castigarlos bien, pero no muestran ni la menor preocupación por hacerles entender a ellos el abstruso lenguaje jurídico, sin lo cual no se pueden defender.

¿Entonces?

Según escribió Anatole France en 1894, “en su majestuosa igualdad, la ley prohíbe tanto a ricos como a pobres dormir bajo puentes, mendigar en las calles y robar panes.” Pero, se olvida de permitir el acceso por igual a todos los derechos que todas las personas tenemos por el solo hecho de ser personas.

Entonces cabe preguntarse junto con Zaffaroni qué tan legítimo es el ejercicio del poder punitivo del Estado en una sociedad desigual, qué tan justo es el castigo en ciertos casos. ¿Se le puede exigir a los más vulnerables, a los más excluidos por la sociedad, el apego a las normas hechas por quienes jamás vieron sus derechos y privilegios vulnerados?

También se tambalea el discurso de “dar para recibir” que pretende exigir ciertas contrapartidas a cambio de la ayuda del Estado: en la sociedad globalizada y de consumo no hay trabajador ni burgués que no piense en qué va a gastar su ingreso incluso mucho antes de percibirlo. ¿Ropa de marca, celulares, whisky importado o sustancias psicotrópicas? El mundo funciona de tal forma que deja siempre a algunos fuera de la fiesta del consumo; muchos no tienen su porción de la torta, o tienen una porción insignificante mientras ven comer a los demás. El Estado tiene la obligación de promover y garantizar los derechos de toda la población y de ninguna manera puede exigirles el cumplimiento de obligaciones a cambio de su ayuda a quienes ha contribuido a vulnerar incumpliendo las suyas. Ni retirarla cuando esas personas “no la supieron aprovechar”, porque en realidad hicieron lo único que todos hacemos y queremos hacer (¡consumir!) o transgredieron las normas (¡para consumir u ostentar esos bienes tan deseados!), de manera que es entonces cuando más necesaria es la intervención del Estado, y no solo la económica, sino la social y cultural.

Eso que alguno da en llamar “la cultura de la ilegalidad” o “la subcultura del delito”, no es más que un reflejo de la cultura en la que vivimos; la cultura del consumo, de la violencia y de la desigualdad. No son los “otros” los malos, no son “ellos”; todos somos parte del conflicto y tenemos que gestionarlo adecuadamente para convivir en paz.

En un país como el nuestro, donde “la pobreza tiene rostro de niña/o” (17) y la mayoría de las personas privadas de libertad son jóvenes (18), parece que la  estrella de las políticas para la juventud es la marginación, la exclusión, la represión y el castigo. Entonces la mano dura no es contra el delito; es contra el futuro.

(1) https://elpais.com/economia/2015/10/13/actualidad/1444760736_267255.html

Datos de 2018: https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2018-01-22/el-1-mas-rico-de-la-poblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la

(2) https://erikafontanez.files.wordpress.com/2015/08/pierre-bourdieu-poder-derecho-y-clases-sociales.pdf

(3) http://marcapaisuruguay.gub.uy/uruguay-el-menos-desigual-segun-el-ranking-de-cepal/

(4) http://radiouruguay.uy/desigualdad-del-ingreso-se-mantuvo-estable-en-los-ultimos-seis-anos/

(5) https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_igualdad_de_ingreso#cite_note-1

(6) Ídem

(7) Ídem

(8) https://www.cepal.org/es/publicaciones/1961-estratificacion-movilidad-social-america-latina-transformaciones-estructurales-un

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332006000100010

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191815721355

(9) http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/09/03/latinoamerica-menos-desigualdad-se-reduce-el-crimen

(10) https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/brasil-homicidios-record-tasa-jovenes-asesinatos-violencia/

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-homicidios-en-latinoamerica-en-2017/

(11) https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

(12) El art. 341 del Código Penal castiga la rapiña con pena de 4 a 16 años de penitenciaría, mientras el art. 310 castiga el homicidio intencional con pena de 2 a 12 años de penitenciaría.

(13) El art. 35 BIS del Decreto-Ley 14.219 establece un agravante para los delitos de estupefacientes cuando la sustancia sea pasta base. La mínima es igual o superior al homicidio en estos casos.

(14) Véase la ley N° 19.446 y principalmente la ley N° 19.653.

(15) https://www.subrayado.com.uy/el-65-la-poblacion-cree-que-uruguay-es-inseguro-o-muy-inseguro-n519336

(16) https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/1/experiencias-del-encierro-en-la-adolescencia/

(17) https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Casi-la-mitad-de-los-ninos-del-Uruguay-vive-en-los-hogares-mas-pobres-uc283755

(18) https://www.minterior.gub.uy/observatorio/images/stories/informe_censo_reclusos_dic.pdf