(Foto del graffiti de Dolk en Halden Prison, Noruega. Tomada de ésta web.)

Introducción

Hace tiempo existe acuerdo entre los especialistas respecto a la ineficacia de la cárcel para cumplir cualquiera de los fines que se le atribuyen. Es más, se ha señalado que no sólo es inútil sino perjudicial. Es parte del problema y no de la solución. Sin embargo, ésta postura no aparece en el discurso hegemónico en materia de seguridad, que en general no cuestiona la institución cárcel, sino que la acepta como dada, e incluso la defiende, como si fuese la única o la mejor opción posible frente al delito.

Una sociedad dispuesta a buscar soluciones a la inseguridad debe reflexionar y debatir sobre cómo funcionan las diferentes agencias del sistema penal (la legislación penal, la policía, la justicia, las cárceles y por qué no los medios de comunicación). Pero también debe considerar las causas estructurales del delito, sin cuya solución todo esfuerzo será en vano. Después de todo, siguiendo a Baratta, solo tendremos algo mejor y más justo que nuestros deficientes sistemas penales cuando logremos sociedades mejores y más justas (1).

Éste artículo pretende compartir algunos argumentos contra la prisión que son conocidos en el medio académico, pero que sin embargo no han sido tan ampliamente difundidos fuera de él. Los argumentos principales son tomados del trabajo del sociólogo noruego Thomas Mathiesen (probablemente la figura más importante del abolicionismo penitenciario), los cuales son desarrollados con más profundidad en su libro Juicio a la Prisión(2). Con el mayor respeto por la obra de Mathiesen y basado en ella, intentaré aportar algunas razones más e incluir algunas reflexiones sobre la situación de nuestro país.

Diez razones para cerrar las cárceles

1. La cárcel no rehabilita

Según el sociólogo noruego “Existen miles de estudios y meta-estudios que indican actualmente, y con rotundidad, que el tratamiento dentro de la prisión, en un sentido amplio, no funciona. “Funcionar”, según esos estudios, quiere decir reducir la reincidencia.

Podemos decir que si bien la rehabilitación es la finalidad que nuestra Constitución atribuye a la cárcel en su Artículo 26, hay una enorme diferencia entre esa declaración de principios y la realidad. Nuestras cárceles no están pensadas para eso; desde la arquitectura hasta la mentalidad algunos operadores. Las cárceles reproducen y amplifican las violencias y desigualdades del afuera, devolviéndolas nuevamente a ese espacio.

Mathiesen continúa y nos previene respecto del rumbo a tomar frente a la inutilidad de la prisión: no por estrepitoso que sea el fracaso hay que resignarse a encerrar a las personas y tirar la llave.

Como ejemplo del fracaso, hay que recordar que en nuestro país el 60% de los liberados reincide y reflexionar acerca de una enorme contradicción de la cárcel y su finalidad, señalada hasta el hartazgo: ¿cómo enseñar a una persona a convivir en sociedad, aislándola de la sociedad? Tarea más difícil aún en las condiciones que ofrecen nuestras cárceles (solo el 25% de las personas privadas de libertad tiene oportunidades de rehabilitarse) y con débiles (casi inexistentes) políticas de egreso y pre-egreso.

2. La cárcel no sirve como “castigo ejemplar”

Ni la severidad ni tampoco la probabilidad del castigo disuaden a las personas de cometer delitos. Especialmente si se trata de los más graves.

La “justificación económica” de castigos excesivos, basada en una relación costo-beneficio ha fracasado: los delitos siguen ocurriendo aunque las penas sean más y más duras. Al parecer los infractores no toman decisiones racionales como presupone la economía. Aquí y en todas partes las penas se han aumentado una y otra vez, y sin embargo, los delitos no bajan, o tarde o temprano vuelven a subir. “Las condenas “más duras” tienen el único efecto de masificar las prisiones”, dice Mathiesen.

Además, es cuestionable el hecho de seleccionar personas para que sufran un castigo con la finalidad de amedrentar a los demás, así como “dar mensajes” a través del sistema penal. La comunicación es un proceso complejo; los mensajes no siempre llegan a destino ni se decodifican correctamente. En general, los castigos severos sólo pueden disuadir a quienes de todos modos no cometerían delitos.

Y por razones similares, la cárcel tampoco sirve de “castigo ejemplar” a nivel individual, es decir, como escarmiento para la persona castigada.

En síntesis, no disuade a quienes están afuera de cometer delitos, y tampoco logra que quienes están adentro desistan de hacerlo en el futuro.

3. La cárcel es injusta

Cuando se intenta medir la justicia del encarcelamiento, se convierte el comportamiento criminal en tiempo. El tiempo es cuantificado en relación con el comportamiento delictivo concreto –dice Mathiesen– ¿cómo se puede “anclar” la escala?

Los sistemas penales emparejan cualquier ofensa a la pérdida de libertad del ofensor por un determinado plazo. ¿Cómo definir cuánto tiempo de privación de libertad es justo para cada ofensa? Pensemos en delitos contra la propiedad; ¿acaso por el valor del bien? Quizá la misma cosa no vale lo mismo para una persona que para otra. ¿Y en delitos no patrimoniales? Además, el mismo período de privación de libertad no necesariamente será igualmente apreciado por todas las personas. Parecería que en realidad decidir cuántos años de prisión son justos en cada caso es algo bastante arbitrario.

Es además un castigo desproporcionado; los daños y costos que se derivan de la sanción son muchas veces mayores que los que se derivan del delito sancionado, tanto para las personas como para el Estado. ¿Qué sentido tiene causar un daño mayor que el ya causado en lugar de repararlo?

Pero además, la cárcel castiga a inocentes todo el tiempo. Priva a familiares y amigos del contacto, los somete a tratos degradantes en caso de querer mantenerlo, como revisaciones invasivas y visitas conyugales. En algunos casos los priva del único ingreso existente en el hogar, desintegrándolo aún más, a veces llevando a otro de sus integrantes a perder la libertad en el intento de subsistir. Muchas mujeres caen presas tras verse obligadas a continuar con el negocio de narcomenudeo de su pareja o asumir una responsabilidad ajena. ¿Será la cárcel la mejor institución para atender estos casos?

4. La cárcel no repara el daño causado

Deberíamos cambiar todo el sistema punitivo e incrementar la ayuda a las víctimas de delitos serios en vez de incrementar el castigo de los infractores” dice Mathiesen. Es un planteo interesante, invertir las prioridades del sistema penal: primero la víctima, luego nos ocupamos del infractor; primero la reparación del daño, luego, en su caso, la sanción.

Después de todo, ¿Qué sentido tiene gastar dinero en castigar al ofensor en lugar de invertirlo en reparar a la víctima? No por causarle daño a una parte resolvemos el problema de la otra.

5. La cárcel no protege a las víctimas

Para castigar a alguien, primero tiene que haber hecho algo reprochable. Y si lo hizo, ya hay una víctima perjudicada: es tarde para hablar de protección.

Suponiendo que no tendríamos reparos morales en encerrar a personas que delinquieron simplemente para que no lo hagan de nuevo por un buen tiempo, tampoco lograríamos ese fin.

La cárcel no inhabilita a los ofensores. Habrá nuevas víctimas mañana (y también nuevos ofensores); será tarde nuevamente. La neutralización temporal de algunos cuantos no alcanza para justificar la existencia de la cárcel, que no puede impedir los delitos que se comenten afuera mientras tanto.

6. La cárcel no reduce el delito: lo aumenta

Hasta aquí los argumentos han sido, esencialmente, los de Mathiesen. Pero agreguemos algunos más.

Hay que tener en cuenta que Uruguay ha aumentado el número de personas privadas de libertad, y los delitos han aumentado en paralelo. Claramente, más personas presas no equivalen a menos delito. ¿Qué grado de responsabilidad tiene la cárcel y sus pésimas condiciones en el aumento de la violencia afuera? ¿Y en las disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico? ¿Cómo se relaciona la apropiación de espacios dentro de la cárcel con la apropiación de espacios fuera de ella?

Además, es posible hablar de un aumento cualitativo gracias al llamado efecto de profesionalización de la delincuencia.

Después de la exposición a todas las violencias que existen dentro de la cárcel, ¿qué pudo aprender quién logra salir?

7. La cárcel es ineficiente en términos económicos

Las cárceles son costosas. Según un artículo El País en 2016 las cárceles costaban más de cien millones de dólares. Pero se requiere muchísimo más gasto para que al menos no des-socialicen a las personas, puesto que no las van a resocializar. Y aun cuando mucho se ha mejorado, mucho queda por hacer.

Sin embargo, aunque invirtiéramos miles de millones de dólares en tener cárceles decentes, si bien muchos de los defectos que se le achacan a la cárcel se reducirían y vaya si ello es deseable, tampoco deberíamos tener mucha fe en sus supuestas bondades en virtud de los argumentos ya esgrimidos.

8. La cárcel es discriminatoria

Éste defecto no es propio exclusivamente del sistema penitenciario, sino de todas las agencias del sistema penal. La agencia policial selecciona a los candidatos a la criminalización a veces por “porte de cara”. El grueso de la población carcelaria se compone de varones jóvenes de barrios marginados, lo cual habla de una selectividad muy clara. Nuestras cárceles son auténticos campos de concentración de pobres.

Pero la discriminación viene incluso desde la legislación: los “delitos de pobres” se castigan más severamente que los otros. Por poner un ejemplo, difícilmente alguien con alto poder adquisitivo cometa una rapiña, y la pena mínima de ese delito es mayor que la máxima de varios delitos vinculados a la corrupción. Otro ejemplo son los delitos de tráfico de drogas, entre los que existe una agravante si se trata de pasta base, que es la droga que los marginados le venden a los aún más marginados. Según Fassin, al elegir qué castigar, se elige también a quién. Y al decidir cuánto castigar, se decide (en teoría) qué tan grave es el delito. ¿Es más reprochable un delito contra la propiedad que la corrupción o quienes hacen y aplican la ley son más duros con los demás que con sus pares?

9. La cárcel legitima la violencia

El discurso hegemónico en materia de seguridad es muy adepto a la “mano dura”. Las voces que se escuchan van desde el “ejercicio de la autoridad sin miedo”  promovido desde el Ministerio del Interior, hasta propuestas de cadena perpetua y militarización, pasando por eslóganes de “tolerancia cero a la delincuencia”.

Todo ello exhibe una apelación a la violencia de manera constante y explicita. ¿Cómo pretender una sociedad menos violenta si algunos líderes políticos dan ese ejemplo? Al parecer, el obstáculo para lograr la convivencia pacífica no es ese otro construido como los pichis, los chorros, sino la fe en la violencia como herramienta para resolver conflictos presente en cada uno de nosotros. Alzar la bandera del castigo y la mano dura es responder a la violencia con violencia, y eso nunca dio buenos resultados.

Cabe además preguntarse, como lo han hecho algunos filósofos del castigo (Antony Duff, Jeffrie Murphy (10)) si el cumplimiento de las reglas del Estado es exigible por éste a las personas que diariamente ven vulnerados sus derechos fundamentales, unas veces directamente por el propio Estado y otras indirectamente con su inacción. A ciertos grupos se les niega sistemáticamente el ejercicio pleno de sus derechos, la ciudadanía plena, la pertenencia a la comunidad. Pero luego el Estado y la sociedad que los desprecia les exigen el respeto de las normas creadas sin su participación. ¿Puede el Estado ejercer el poder punitivo sin reparos en tales casos? ¿Quién incumple primero sus deberes? ¿Es justo castigar a quien no siguió las reglas para obtener participación en los beneficios cuando sistemáticamente se le negó la oportunidad de hacerlo de acuerdo a ellas?

10. La cárcel es inhumana y deshumaniza

Por último, quizá ésta sea la más obvia y evidente de las razones para dejar de insistir en encerrar a las personas que transgreden las normas, especialmente cuando se trata de transgresiones mínimas, o reparables, o de normas penales prescindibles que castigan conductas que a nadie causan daño.

Debería alcanzarnos con imaginarnos la vida en ese infierno que es la cárcel. Debería alcanzarnos con las noticias; con el hacinamiento desmedido, con la violencia extrema cotidiana, con las pésimas condiciones de higiene, con la deficiente alimentación, con la imposibilidad de acceder a la atención médica, con la permanente, continua y sistemática violación de derechos fundamentales que implica no solo la privación de la libertad sino de los derechos más básicos, de las mínimas condiciones de vida digna. Un tercio de las personas privadas de libertad están sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, en una palabra, tortura, sin posibilidad alguna de reinserción social, y van a arrastrar las secuelas para siempre, si sobreviven.

Una propuesta

Ahora bien, ¿Cómo cerrar las cárceles a semejanza de los países nórdicos? ¿Cómo consiguió sus logros el movimiento abolicionista?

Las conquistas se debieron a mucho más que esfuerzos intelectuales. Ni que hablar de voluntad política. De acuerdo con Postay, según Mathiesen, fue necesario conformar un movimiento social integrado por académicos, estudiantes, personas privadas de libertad y también víctimas del delito.

En un contexto como el actual, en el que la población tiene demandas de seguridad (léase bien, no necesariamente demandas punitivas) y el sistema político tiene dificultades para tramitarlas, donde algunos apelan al populismo penal, formando parte de un frente que pretende recortar o destruir los derechos conquistados por diversos colectivos, es necesario más que nunca articular un movimiento que logre darle voz a los sectores más vulnerables a sufrir los excesos punitivos, a aquellos que carecen de organización y participación política para defender sus intereses, objetivo sin el cuál será imposible desarrollar una agenda de seguridad pública democrática. Éste movimiento tiene que producir conocimiento, compartirlo, poner los temas en agenda y presionar al sistema político, pero también desarrollar acciones en el territorio; en los barrios, en los medios, y en las cárceles. Algo se está haciendo, pero hace falta mucho más para lograr cambios.

Hay que aceptar que no vamos a poder cerrar todas las prisiones. Tal vez no podamos cerrar ni una en el corto plazo, aun cuando por ejemplo el cierre del Penal de Libertad es impostergable. Tal vez la cárcel sea la única opción posible en casos excepcionales. Pero no podemos permitir que el encierro transcurra en condiciones inhumanas. Y tampoco podemos dejar de aceptar que para mejorar en seguridad pública necesitamos mejorar las condiciones de reclusión y preparar a los penados para el egreso. Para eso es necesario reducir drásticamente el uso de la cárcel, asignar más recursos y fortalecer otras respuestas al delito más allá del castigo. Por ejemplo mecanismos de libertad vigilada y políticas de egreso y pre-egreso que promuevan la inclusión social, métodos alternativos al juicio penal como la mediación y la justicia restaurativa, y mecanismos de reparación para las víctimas ante los daños más graves.

Fuentes consultadas:
                (1) Lecciones de Derecho Penal Tomo I – Eduardo Pesce Lavaggi. Carlos Álvarez Editor, Montevideo, 2003.
                (2) Juicio a la Prisión – Thomas Mathiesen. EDIAR, Buenos Aires, 2003.
                (3) Mano dura sobre el castigo. Igualdad y Comunidad (I) – Roberto Gargarella, en Discutir la cárcel, pensar la sociedad – Gianella Bardazano et. al. (compiladores). TRILCE – CSIC, Montevideo, 2015.
                ¿De qué hablamos cuando hablamos de abolicionismo penal? – Maximiliano E. Postay. 2012. (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=146757)
                Diez razones para no construir más cárceles – Thomas Mathiesen. 2005. (http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/09/doctrina42127.pdf)
                Informe de cárceles: entre un 10 y un 20% de los reclusos son analfabetos (https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Informe-de-carceles-entre-un-10-y-un-20-de-los-reclusos-son-analfabetos-uc683496)
                Informe anual plantea recomendaciones para tener “un sistema penitenciario acorde con el siglo que vivimos” (https://parlamento.gub.uy/cpp/actividades/noticias/89068)
                Cargar con la pena (https://correspondenciadeprensa.com/2016/10/31/uruguay-cargar-con-la-pena-mujeres-drogas-y-carceles/) (https://brecha.com.uy/cargar-la-pena/)
                Las Prisiones del Uruguay. Prison Insider. (https://www.prison-insider.com/fichapais/prisionesuruguay#introduction-5c6acd80b7f7a)
                En 2018 aumentaron los homicidios, hurtos y rapiñas (http://www.lr21.com.uy/politica/1395885-ministerio-interior-observatorio-violencia-criminalidad-homicidios-hurtos-rapinas)
                Estado gasta US$ 100 millones al año en mantener a 10.000 presos (https://www.elpais.com.uy/informacion/gasta-us-millones-ano-mantener-presos.html)
                En Naciones Unidas recomiendan a Uruguay que mejore condiciones carcelarias (https://parlamento.gub.uy/cpp/actividades/noticias/91581)
                Didier Fassin: “La pregunta no es si está bien o mal castigar, sino por qué se castiga a unos y no a otros” (https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/didier-fassin-la-pregunta-no-es-si-esta-bien-o-mal-castigar-sino-por-que-se-castiga-a-unos-y-no-a-otros/)
                Petit recomendó el cierre del penal de libertad (http://radiouruguay.uy/petit-recomendo-el-cierre-del-penal-de-libertad/)