La imagen es de Sala de Redacción – FIC

Una deuda con las familias, una deuda con nosotros mismos

“Te tenemos allí/ abandonado allí/ preso como un animal/ (como un animal feroz)/ así las cosas, la fiera más fiera/ ¿dónde está?”

El 8 de julio de 2010 doce jóvenes uruguayos murieron quemados en una dependencia del Estado y otros ocho resultaron heridos. Las víctimas fueron personas privadas de libertad; la responsabilidad fue del Estado. Pero nadie se hizo cargo.

La cárcel de Rocha, un edificio añejo, alojaba a ciento setenta y cuatro personas cuando su capacidad era de sesenta. Veinte personas compartían una celda y se calefaccionaban improvisadamente con un ladrillo refractario y una resistencia ante la falta de condiciones mínimas que el establecimiento debía garantizar. Cuando el fuego se desató, la guardia titubeó en abrir la celda de inmediato.

Lo que pasó en Rocha fue el resultado brutal de la desidia institucional, crudo desinterés que aún hoy se hace sentir en otras cárceles. Se podría haber evitado fácilmente si el Estado no hubiese hecho oídos sordos de las múltiples advertencias; desde la sociedad civil, desde el propio Estado, y desde organismos internacionales. Estamos a tiempo de evitar otros desastres. El trágico episodio podría haber tenido un final muy distinto simplemente si la puerta se hubiese abierto a tiempo, pero primó la “seguridad” sobre la humanidad. Es tarde para deshacer lo hecho. La justicia llega tarde, si llega, y se queda corta. Pero no es ociosa una reflexión al respecto.

Las demandas de control, represión y castigo habilitan la violencia ejercida por el Estado, que no puede ser considerada una política necesaria ni mucho menos deseable en materia de seguridad. Simplemente no se puede vulnerar derechos para proteger derechos. Las pésimas condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios, las ejecuciones extrajudiciales (“gatillo fácil”) por parte de agentes del Estado  que parecen cada vez más frecuentes y los despliegues de poder sometiendo barrios enteros a la ocupación militarizada no pueden hacerse costumbre. No podemos permitirnos la indiferencia frente a la violencia institucional. No podemos dejar que éstas prácticas sean una forma perversa de expiar las frustraciones propias mediante el castigo a quienes -forzados por las circunstancias- buscan un dudoso atajo para alcanzar esa meta tan deseada; la mezquina idea de éxito que se identifica con un bienestar material insaciable.

No hay enemigos en una comunidad, no debe haber una guerra entre sus integrantes. Los problemas que tenemos son los mismos, y en el fondo no es seguridad lo que deberíamos reclamar, sino el ejercicio efectivo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La inseguridad que nos aqueja no es solo relativa a la posibilidad de sufrir un delito; es el temor a perder el empleo, a la precarización del mismo, a no poder pagar el alquiler, a perder el nivel de vida actual o no poder superarlo. No hay que responsabilizar a los más vulnerables por ello. Nuestros temores no deben ser canalizados a través de demandas represivas contra determinados grupos que no tienen voz ni organización que los defienda, cuando además son los más perjudicados por los mismos problemas que nos aquejan a todos. Esas demandas le vienen muy bien al poder para legitimarse y omitir profundizar los necesarios cambios estructurales a nivel socio-económico, basándose en que lo que hace falta es “mano dura”.

Cualquiera puede ser víctima, pero también cualquiera puede verse tras las rejas. Esa “puerta giratoria” que supuestamente es el sistema penal está bien engrasada cuando abre para entrar, pero es muy dura cuando se trata de salir. Un accidente de tránsito, una legítima defensa incompleta, una “coima”, la tenencia no autorizada de un arma de fuego, una pelea en el estadio o la adquisición de un bien que fue hurtado pueden llevar a cualquier vecino a la cárcel. No deberíamos ver la situación de las personas privadas de libertad como un problema lejano y ajeno. Y esto sin nombrar las repercusiones que tienen las condiciones de vida en prisión sobre la reincidencia.

Todos y todas somos personas. Tenemos los mismos derechos, nos equivocamos y merecemos justicia por igual. Los problemas de la comunidad no se resuelven apartando a algunas personas de la comunidad ni menoscabando su dignidad. No debe haber víctimas de primera y de segunda, vidas que importan cuando hay imágenes fuertes para la tele y vidas desechables cuando las víctimas son ese otro que denominamos “los delincuentes”, cuando “se matan entre ellos”.

La cárcel no es la solución, cuanto antes lo entandamos, más cerca vamos a estar de empezar a recorrer el camino que nos lleve a una sociedad más integrada y a resolver los problemas sociales de fondo. No podemos permitir que se sigan violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que aumente la violencia ejercida por el Estado y que se profundice la exclusión social, porque es una violación a nuestros propios derechos: le hacemos una zanjadilla al bienestar colectivo. No podemos esperar a que ocurra otro desastre para darnos cuenta de una vez por todas de que es necesario apostar a otras políticas, reducir la cantidad de personas encarceladas y mejorar las condiciones.

Luego del incendio, 2.500 personas privadas de libertad hicieron una huelga de hambre, los familiares se manifestaron, la cárcel de Rocha cerró, la causa penal pasó a archivo y de la reparación a las familias de las víctimas no se sabe nada. Pero seguimos negándonos un sistema penitenciario que ponga en primer lugar a las personas. Seguimos priorizando la represión antes que la educación, el encierro antes que el acceso a la vivienda, el castigo antes que el trabajo digno. Todo ello en nombre de la tan ansiada seguridad y sin que haya una sola mejora en ella, mientras se intensifican los dispositivos de control, cada vez más violentos.

Si dejamos que el miedo y el odio nos sigan distanciando, si perdemos la empatía y la razón, ¿qué futuro podemos esperar? Hasta que no se garanticen los derechos humanos básicos de toda la población, especialmente de la más vulnerable, mientras siga habiendo colectivos marginados, excluidos de la sociedad por los cercos invisibles de la desigualdad o condenados a las peores vejaciones tras los muros de las cárceles, poco podremos esperar sino la profundización de un espiral de violencia.

Estamos a tiempo de cambiar y empezar a enfrentar las causas de fondo de los problemas sociales, en lugar de enfrentar a las personas. Se lo debemos a las víctimas del delito y de la violencia institucional. Nos lo debemos como comunidad.

 

En recuerdo de Matías Barrios Sosa, Mario Fernando Martínez Maidana, Edison Javier Núñez Casuriaga, José María Pereira Pereira, Raúl Alejandro Gómez Recalde, Delio Alegre, Ariel Fernando Cardozo Velázquez, Jorge Luis Roda Acosta, Antonio Joaquín Cardoso Silvera, Julio César Da Silva Pereira, Luis Alfredo Bustelo López y Alejandro Adolfo Rodríguez Cabral.

Que no se nos olvide, que los Derechos Humanos son de todas las personas sin distinciones, y que la violencia no se resuelve con más violencia.

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